Las guerras por la defensa del agua como un derecho humano y no como una mercancía empiezan a tomar una dimensión militar en América Latina. Sin embargo se extienden a todos los ámbitos del acontecer regional para impedir el saqueo del Oro Azul, opinaron especialistas en el tema.

“Aunque pudiera parecer una posibilidad distante, algunos gobiernos latinoamericanos están rediseñando actualmente sus estrategias militares para hacer frente a potenciales invasiones de fuerzas extranjeras que podrían tratar de tomar el control del agua dulce de la región”, dijo a Excélsior José Esteban Castro, autor de Water, Power and Citizenship Social Struggle in the Basin of Mexico.

Entre los países latinoamericanos que están fortaleciendo su músculo militar destacan Brasil que en 2003 impidió el establecimiento de la base militar de EU en Alcántara. El 16 de septiembre anunció compras de cinco submarinos, 50 helicópteros a Francia por más de 12 mil millones de dólares sin contar otro pedido de 36 aviones de combate.

Y también Venezuela, que el 14 de septiembre, anunció que Rusia le otorgará un crédito por 2 mil millones de dólares para comprar tanques T71 y sistemas antiaéreos S-300 con alcance de hasta 90 kilómetros.

Entrevistado vía telefónica desde sus oficinas en la universidad de Newcastle, Inglaterra, el especialista argentino en políticas de agua y derechos ciudadanos consideró que los potenciales enfrentamientos militares internacionales por el control del agua y los recursos naturales son un aspecto que no se debe descartar en los crecientes conflictos sobre el tema en la región.

Hace dos semanas el lingüista y analista político Noam Chomsky calificó el expansionismo militar de EU, que recientemente hizo públicos sus planes de instalar siete bases militares en Colombia, como un preámbulo de mayores intentos de desestabilización e intervencionismo en la región.

Según la organización estadunidense Global Security, EU tiene por lo menos, 91 bases militares en América Latina, siendo más numerosas en Puerto Rico, en las islas caribeñas de Saint Croix y Saint Thomas y en Colombia con 40, 19 y seis instalaciones, respectivamente.

La instalación militar de EU en Paraguay, aprobada a fines de 2005 por el gobierno de Nicanor Duarte, es considerada como una de las más estratégicas para el control de los recursos naturales en Sudamérica pues está a poco más de 200 kilómetros de la provincia de Tarija que alberga las reservas gasíferas de Bolivia.

“Por eso hay que aprovechar la actual coyuntura de la crisis mundial que ha demostrado que los señores que manejaban el mundo se han equivocado mucho y que sus modelos económicos han fracasado”, dijo vía telefónica desde Cochabamba, Miguel Suárez del Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos.

Sin embargo, más que con armamento, la apropiación del agua y de los recursos naturales de América Latina se ha ido dando a través de los compromisos legales contenidos en los tratados comerciales que sus gobiernos de la región han firmado con EU, con Europa y con sus aliados, un ámbito en el que México se encuentra indefenso si no logra reabrir el Tratado de Libre Comercio con América del Norte para recuperar su soberanía sobre el agua.

“Una de las principales razones para renegociar el TLCAN es para sacar el agua del acuerdo, para que no sea una mercancía sino un derecho humano”, dijo Stuart Trew, especialista en temas comerciales del Council of Canadians, un centro de estudios y de elaboración de políticas adaptadas a las necesidades específicas de los canadienses.

Vía telefónica desde Ottawa, la capital canadiense, Trew explicó que si no se logra revisar ese tratado ni se consigue el apoyo expreso de las leyes internacionales ninguna negociación migratoria, ni climática, ni de seguridad alimentaria, tendrán el menor sentido.

Los capítulos a abrir son el tres que define al agua natural, artificial y de todo tipo como un bien comercial; el capítulo 12 en el campo de las inversiones en servicios de agua y el 11 sobre los derechos de que los inversionistas no mexicanos tienen sobre ese bien comercial.

De hecho Maude Barlow, la presidenta de ese organismo, identificó desde 2001 en su texto Blue Gold los tres conceptos claves a modificar: primero el Trato Nacional que obliga a los municipios a aceptar sin discriminación la competencia de corporaciones de EU y Canadá en sus licitaciones de servicios públicos.

Segundo, el artículo 315 sobre Proporcionalidad que prohíbe a restringir la exportación del vital líquido a otro país firmante del TLCAN y tercero, el capítulo 11 sobre el Derecho ese tratado comercial da a los inversionistas de Estados Unidos y Canadá a demandar al país que le niegue Trato Nacional o que expropie sus activos.

Desde Colombia, Margarita Florez del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos comentó que ese saqueo legalizado del agua, por virtud de un mal acuerdo comercial, es una realidad.

“Yo estaría bien si con el ahorro de un litro diario en México o en Bogotá pudiéramos llevar agua a gente del Centro de África que tanto la necesita, pero lo que pasa en realidad es que están sacando agua de un lado, sin comprarla, y vendiéndola luego en otro lado”, dijo Florez vía telefónica desde Bogotá.

Sobre la propuesta de renegociar el TLCAN la historia muestran su dificultad pues los planes de EU para sellar el tratado comercial datan del siglo XIX y porque la negativa del presidente Sebastián Lerdo de Tejada a firmarlo hizo que banqueros del Nacional City Bank e inversionistas del ferrocarril de Pensilvania acordaran con Porfirio Díaz su derrocamiento en diciembre de 1875 en Nueva York.

El dato está en el libro Empire and Revolution de John Mason Hart (University of California Press, 2001) que relata que el enviado plenipotenciario de EU, William Stark Rosencrans se puso furioso con Lerdo por su negativa a facilitarle a él y a sus socios el acceso a los recursos naturales de México.

“Él (Rosencrans) y sus socios querían tierras para poder controlar los recursos naturales del país”, añade la obra de Hart en su página 53. El derrocamiento de Lerdo de Tejada se tradujo en un levantamiento militar proclamado el 10 de enero de 1876 justificado a través del Plan de Tuxtepec.

A pesar de las dificultades, algunos académicos y políticos del continente como la legisladora brasileña Luciana Genro reconocen la eficacia de la movilización de la sociedad civil como un arma pacífica contra las guerras del agua de la región.

“Una movilización social con una buena dirección política es capaz de impedir las guerras del agua y la colonización, pero la gente debe tomar conciencia de que su supervivencia depende de su acceso al agua a la que los mercados ya le están dando un valor tan alto como el petróleo”, dijo vía telefónica desde Río Grande do Sul.

Pero el Departamento de Defensa de Estados Unidos está respondiendo con una intensa contratación de antropólogos para que faciliten el conocimiento de la región y su subsecuente control militar.

Mientras tanto el libro The Price of Fire sobre la Guerra del Agua en Cochabamba, Bolivia, Benjamín Dangl coincide con Genro sobre el potencial de la movilización civil organizada, que logró echar atrás los abusos de la corporación estadunidense Bechtel acordados en 1999 por el ex presidente boliviano Hugo Banzer Suárez.

Pero desde Córdoba, Argentina, el abogado Gabriel Andrada del Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente, alertó que los triunfos en las batallas por la defensa del acceso al agua y a los recursos naturales de América Latina y de todo el mundo se hacen con la ley en la mano, nada más, con el peso de las leyes nacionales e internacionales.

“A través de acciones judiciales tratamos de que el acceso al agua potable sea un derecho humano no como una cuestión meramente administrativa, y a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hemos tenido éxito para devolver a una población cercana el acceso al agua que había perdido hace 30 años”, dijo vía telefónica.

No permitir, dijo, que el mercado se involucre en el manejo del agua con fines de rentabilidad y sentar las bases para evitar que los gobiernos locales asuman compromisos onerosos con firmas extranjeras.

“Cuando una corporación se retira siempre deja deudas con la gente, con las obras que se están haciendo y el Estado es el que termina pagando”, añadió en alusión a los tratados de protección de inversiones que han firmado los gobiernos latinoamericanos.

Al respecto, la académica colombiana Florez, destacó la necesidad de impedir ya no la privatización de la distribución del agua que data de la época de oro del controvertido neoliberalismo del Consenso de Washington sino la privatización de las cuencas acuíferas que deriven en la emisión de títulos financieros de compra-venta de intereses en el recurso estratégico.

“Problemas derivados de esa lógica de mercado con los títulos de mercado, que es lo más perverso que hay, es lo que tiene Chile”, dijo al recordar que la lógica del lucro siempre se impone sobre las necesidades de la población.

Un punto en el que coincidieron los entrevistados y la legisladora brasileña Genro: “Hay que impedir que la vida, que depende del agua, sea convertida en una mercancía de compra-venta en los mercados financieros internacionales”.

Fuente: Grupo Imagen y  excelsior.com.mx